El territorio indígena de Boruca nombró el Tribunal de Derecho Consuetudinario, como un órgano alternativo a la Resolución de los Conflictos. Su objetivo es resolver problemas locales siguiendo las tradiciones de este pueblo indígena, que se ubica en el Pacífico Sur de Costa Rica. Según informó el proyecto Kioscos Ambientales de la Universidad de Costa Rica (UCR) el trabajo del Tribunal combinará legislación occidental, como el debido proceso como garantía procesal, junto a la aplicación de sistemas normativos ancestrales de Boruca. Para iniciar labores la comunidad nombró 5 miembros propietarios: Liseth González, José Fernández, Higinia González, Jacinto Torres e Ismael González. Se dedican a actividades como enseñanza primaria, agricultora o artesanías con tejido y máscaras. También se designaron 5 suplentes. Fueron juramentados por el presidente de la Asociación de Desarrollo (ADI) Mario Lázaro Morales. Ismael González dijo a CRHoy.com que el Tribunal operará en paralelo a todas las funciones del Poder Judicial y la legislación nacional. “Nos están dando la tarea de resolver nuestros problemas“, agregó. “Tiene un poder en el territorio. Está adaptado a las leyes nacionales. El Tribunal puede dictar sentencias de situaciones en el territorio, problemas de límites, amojonamiento, situaciones que a la ADI se le hace mucho trabajo”, explicó González.

Los indígenas costarricenses de la comunidad Ngöbe-Buglé acudieron a la Asamblea Legislativa, para pedir que la aprobación de un proyecto de ley, que les garantice mayor derechos y alivie la situación de vulnerabilidad que viven. Se trata de del proyecto Protección del Derecho a la Nacionalidad de la Persona Indígena y Garantía de Integración de la Persona Indígena Transfronteriza, que se sigue bajo el expediente 20.554. La iniciativa to de Ley vela por las necesidades básicas de los habitantes de la zona de Síxaola, que en el pasado territorialmente pertenecía a Panamá y tras la fijación de límites pasó a Costa Rica. Pese que habitan el territorio nacional son privados de derechos básicos como tener una cédula de identidad. Al no poseer cédula de los habitantes de este grupo originario pierden oportunidades como recibir una educación mas allá del colegio. A la hora de graduarse y solicitar su titulo, el Ministerio de Educación Pública (MEP) se ve obligado a rechazar la solicitud de títulos por la carencia del documento. Julian José Eusebio, uno de los representantes Ngöbe-Buglé que participó en el foro en el Congreso, describió la impotencia de no poder seguir su anhelo de tener un título universitario por la falta de documentos de identidad. “Pedimos que nos den acceso a los derechos fundamentales como la salud, la educación y el trabajo” , dijo.